A partir del lunes, los docentes autoconvocados inician su cuarta semana de paro. En este escenario, los estudiantes de las escuelas públicas salteñas van a cumplir un mes sin recibir clases debido a la medida de fuerza.
Esta situación, está demás aclarar, es altamente perjudicial para su educación y desarrollo académico, los estudiantes se ven privados de recibir la instrucción necesaria, lo cual afecta directamente su aprendizaje y su futuro. En la calle los padres dicen: «Un día que se pierde, es un día que no se recupera». Ellos saben que por más que el Gobierno ponga en marcha un plan de recuperación de días perdidos, esta tarea dependerá de ellos, y en muchos casos no la podrán realizar.
Quizás la clave de este conflicto es la intransigencia de una docencia que no reconoce a los gremios como sus negociadores y la incapacidad de los funcionarios del Ministerio de Educación para resolver este conflicto que ha obstaculizado el inicio de un diálogo constructivo que permita encontrar puntos de encuentro y soluciones mutuamente beneficiosas.
En situaciones como estas, es crucial que ambas partes estén dispuestas a ceder y buscar compromisos que beneficien a la educación y a la comunidad en su conjunto. Pero la falta de voluntad de ambas partes para ceder en algunos puntos solo prolonga el conflicto, y como consecuencia de eso se afecta gravemente a los estudiantes, quienes se ven atrapados en un limbo educativo. Entre la espada y la pared. Entre apoyar a sus docentes que llevan adelante una causa justa, la de un salario digno; y la de recibir educación.
En estos casos, donde el paro se ha extendido por tanto tiempo, es primordial priorizar el bienestar de los alumnos. El Estado y los docentes tienen que garantizar una educación de calidad que respete los derechos de los alumnos.
El conflicto docente que actualmente mantiene el Gobierno de Salta con los docentes autoconvocados ha generado un debate acalorado en torno a las demandas salariales en la sociedad que ha salido a respaldarla masivamente.
Mientras el ejecutivo provincial ha ofrecido un aumento del 69,5%, los docentes autoconvocados expresan su descontento y exigen salarios que superen los 320 mil pesos, buscando alcanzar un nivel de remuneración que les permita cubrir la canasta básica de alimentos.
El ofrecimiento del Gobierno consiste en un incremento salarial del 12% para el mes de mayo, seguido de un 11% para los meses de junio y julio respectivamente. Además, se ha propuesto otorgar un bono de 60 mil pesos que se pagaría en dos partes.
Sin embargo, estas propuestas han sido rechazadas por los docentes autoconvocados, quienes consideran que no son suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y mantener un nivel de vida digno.
Es lógico que los docentes busquen un salario que les permita vivir por encima de la línea de pobreza. La crisis social y económica que atraviesa Argentina perfora los bolsillos de la clase trabajadora que se ve cada vez más diezmada porque le cuesta llegar a fin de mes.
Muchos trabajadores que están en blanco, que aportan al sistema previsional no llegan a cubrir las necesidades básica de una familia, y es comprensible que los educadores aspiren a ganar lo suficiente para estar por encima de ese umbral.
Con el tiempo las formas de protestas se fueron radicalizando. Este última semana, como parte de las medidas que realizan los docentes para visibilizar sus reclamos en Salta se incorporaron los cortes de ruta.
El acceso a la ciudad, específicamente en el ex peaje Aunor, fue el punto estratégico elegido por los docentes. Esta situación choca contra el derecho a la libre circulación, un derecho constitucional que debe ser respetado.
Los cortes de ruta generan malestar entre los ciudadanos, además de los inconvenientes que ya conocemos como la imposibilidad de transitar libremente, y acceder a sus destinos diarios en tiempo y forma, sino también terminan afectando a la economía y la imagen de la provincia.
Para dar una solución a los cortes de ruta, resulta alarmante el uso de la la fuerza policial por parte del Gobierno provincial y la utilización de la represión como respuesta a las manifestaciones y cortes de ruta de los docentes.
La represión no solo es una violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión, sino que también agrava aún más la situación de conflicto. En lugar de buscar soluciones dialogadas y pacíficas, el gobierno opta por recurrir a la fuerza, lo cual genera un clima de tensión y desconfianza.
Desde que se inició esta medida de fuerza, los docentes autoconvocados han expresado su descontento y rechazo hacia la representatividad de los sindicatos docentes en las negociaciones salariales. Esta postura evidencia la falta de confianza hacia los sindicatos que ponen en jaque la necesidad de una mayor participación directa en las discusiones sobre sus condiciones laborales y salariales.
No hay dudas de que los autoconvocados buscan ser protagonistas activos en las negociaciones. Es posible, que esta situación termine dejando como resultado la necesidad de replantear los mecanismos de representación y participación, que ponga a los docentes al frente de la toma de decisiones que afectan su realidad laboral.
Una suerte de «democracia directa» que se practicaba en la antigua Grecia, donde la representatividad de los ciudadanos se basaba en la participación directa en la toma de decisiones políticas y legislativas.
En conclusión, urge que tanto el Gobierno como los docentes encuentren una solución pronta y efectiva para garantizar el derecho fundamental a la educación de los estudiantes, quienes merecen una formación adecuada y de calidad.
Que se siga profundizando este conflicto, solo seguirá ensanchando las desigualdades educativas que perjudica a los sectores más vulnerables de la sociedad. Hay que priorizar el bienestar de los estudiantes y se resuelva este conflicto de manera inmediata.
