por Martín Rodríguez
La historia de Ezequiel es similar a la de muchas otras familias que sumergidas en la pobreza extrema son reclutadas mediante falsas promesas laborales y terminan siendo privadas de su liberad y explotadas. Con mentiras sobre de un futuro prometedor los reclutadores de la empresa “Nuestra Huella” en el 2007 trajeron ilusionados a toda la familia de Ezequiel desde Misiones a Pilar.
Ezequiel Ferreyra sólo tenía 6 años y desde los 4 era esclavizado por la empresa avícola “Nuestra Huella”. Según las denuncias realizadas por las distintas organizaciones, Ezequiel trabajaba «explotado entre el guano y la sangre de las gallinas y donde frecuentemente manipulaba agrotóxicos peligrosos para la salud». El martes 16 de noviembre de 2.010 a la 1:35 de la madrugada Ezequiel falleció, producto de un tumor cancerígeno en el cerebro que contrajo por la manipulación de venenos para desinfectar los galpones con miles de gallinas.
Ezequiel no solo fue víctima de maltrato y explotación infantil por parte de la empresa avícola, sino que también fue víctima del Estado Nacional Argentino. Un estado que por su ineficiencia no pudo frenar su explotación y no pudo tomar las medidas adecuadas para asegurar su bienestar. Es la lucha interminable entre un estado nacional ineficaz que no puede erradicar las desigualdades sociales más repulsivas en la niñez y las grandes empresas que necesitan explotar a las personas para generar más ganancias.
Desde los 4 años Ezequiel pasó su corta niñez ayudando a sus padres a cumplir a rajatabla con las fechas de producción que la patronal le imponía a su familia. Todo ese maltrato que sufrió durante 2 años le ocasionó daños físicos irreversibles y una enfermedad que terminó causándole la muerte. El problema del trabajo esclavo infantil sigue reinante y ha sido visibilizado por este hecho de extrema gravedad. Marginalidad, conflictos económicos-sociales, sometimiento y maltrato, ambiente de trabajo insalubre son algunos de los factores con los que deben convivir miles de familias que no cuentan con los recursos suficientes, violándose todos sus derechos y sistemas de garantías constitucionales. Una persona que es pobre está aislada y vulnerable al maltrato.
Ezequiel es uno de los casi 500.000 menores de entre 5 a 17 años que cumplen tareas laborales a diario no sólo a causa de la pobreza sino también de «tradiciones culturales». Los condicionantes culturales son los que muchas veces legitiman o justifican el trabajo infantil. Son chicos que viven en condición de explotación y en la absoluta miseria, privados de sus derechos fundamentales: derecho a educarse, a recrearse, a una infancia sana, a no ser maltratado, ni discriminado y por sobre todas las cosas, derecho a no trabajar.
El trabajo infantil alimenta el círculo vicioso de la pobreza. Ante la imperiosa necesidad de obtener ingresos, las familias, privilegian la colaboración de los niños en la economía del hogar antes que su participación en el sistema escolar. Esta mirada es de muy corto plazo, ya que no adquirir tempranamente los conocimientos y destrezas de lectura y escritura hace que las posibilidades de una inserción laboral y mejoramiento de la calidad de vida en la etapa adulta sean escasos.
Según Antonio Carlos Gomes da Costa (Unicef) la exclusión de la escuela y la inclusión en el mundo del trabajo precoz, abusivo y explotador, generan las condiciones favorecedoras de los procesos de degradación personal y social de esos niños y adolescentes que, generalmente, comienzan por el ingreso en esquemas divergentes de generación de renta: mendicidad, hurtos, prostitución, robos, tráfico de drogas y otros.
¿Qué es el trabajo infantil?
Según la OIT el término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.
El manual del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina conceptualiza al trabajo infantil como aquella actividad económica y/o estratégica de supervivencia, remunerada o no, realizada por niños y niñas por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, independientemente de su categoría ocupacional. El trabajo infantil no es un hecho natural, sino que es el emergente de una situación social en la que se entrecruzan condicionantes económicos, políticos, legales y culturales. El mito que se crea en estos casos es que el trabajo infantil da herramientas, posibilita un aprendizaje y adiestramiento para que ese niño en su etapa adulta tenga una inserción laboral, y así se le asigna mayor importancia al trabajo que a la escolaridad.
Según Antonio Carlos Gomes da Costa los niños precisan políticas de protección especial en situaciones de trabajo infantil ya que se encuentran en una situación de riesgo personal o social, y su integridad física, psicológica o moral están amenazadas por razón de negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad u opresión. Pertenecen a las categorías de niños y adolescentes merecedores de medidas especiales de protección (protección especial) en el marco de la Convención, aquellos que estuvieron amenazados o violados en su integridad física, psicológica o moral.
Si tomamos en cuentas las leyes de protección de la niñez que hay en Argentina tendríamos que decir que casos como los de Ezequiel deberían ser muy difíciles que ocurran y que si en algún momento llegaran a suceder serían duramente condenados y castigados por la justicia. Pero esto no es así.
En el año 2012 la justicia resolvió sobreseer a los dueños de la empresa avícola Nuestra Huella por los delitos de «trata de personas» y «contaminación del suelo de un modo peligroso para la salud» cuando hay filmaciones de Ezequiel contando lo que hacía. La empresa tuvo una millonaria multa por parte del Ministerio de Trabajo Bonaerense y de todas maneras se la declaró libre de culpa y cargo a la dueña de la granja.
Los niños que son víctimas de trabajo precoz, abusivo y explotador, como Ezequiel, el Estado tiene que ser garante de su bienestar. En un país en el cual la falta de equidad en la distribución del ingreso y la riqueza; la ineficacia y la falta de respuesta de políticas por parte del estado ante la pobreza resulta poco creíble que se pueda erradicar el trabajo infantil totalmente o en un futuro cercano.
Las políticas asistenciales para enfrentar la indigencia y la pobreza son necesarias, pero las mejores herramientas para ayudar a erradicarlas son el crecimiento económico y el empleo. Combatir la pobreza supone colocar al trabajo digno como el objetivo fundamental de las políticas públicas y el empleo y la mejora sensible del ingreso de las personas, de los hogares y las familias, como los instrumentos privilegiados de los procesos de desarrollo social. Asimismo, la educación constituye el activo más importante para forjar las capacidades humanas para quebrar la disparidad de ingreso y la mejora de la calidad del trabajo.
En consecuencia, la política social debe generar las oportunidades para el desarrollo social y personal, apuntando -mucho más allá de la emergencia- a resolver los problemas a partir de las transformaciones estructurales y atacar las causas más profundas que provocan la exclusión social y la marginalidad.
