Este es un país de iguales, donde todos tenemos los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Esta es, palabras más, palabras menos, la cantinela demagógica y mentirosa que todo político recita todo el tiempo. En tiempos de campaña, en tiempos de poder, e incluso cuando no tienen ningún cargo pero ya están buscando algún lugar dónde colarse para seguir viviendo del Estado.

Pero no somos iguales para nada y en nada. Los políticos, en su gran mayoría, conforman elites zánganas con principescos privilegios que los laburantes, los ciudadanos comunes, no gozamos ni gozaremos ni en porciones ínfimas. Como para saber qué se siente.

Los políticos cobran sueldos, viáticos, gastos reintegrables y otros montos varios que, en muchos casos, representan los ingresos anuales de un trabajador promedio. Muchos tienen fueros que los eximen de dar explicaciones, de citaciones judiciales y detención. No cumplen horarios, no están sujetos a régimen de asistencia diaria, y ni hablemos de otros beneficios del cargo: facturas de celulares, viajes, comidas chofer, vehículos y combustible pagados por el estado (dinero nuestro), nombramiento de parientes, amigos, amantes o militantes, y por supuesto los tradicionales “sobres” que refuerzan su economía personal mes a mes.

No obstante todos estos beneficios que les permiten vidas soñadas, muchos de ellos no se dan por satisfechos, y crean empresas con las que nos sacan más millones vendiendo al Estado servicios y productos, en clara violación a las leyes. Los archi conocidos funcionarios-proveedores del estado en los rubros construcción, medicamentos, publicidad, consultoría, asesoramiento.

Pero claro, si la codicia va de la mano de la impunidad, se transforma en una fórmula que indefectiblemente lleva al delito. Y al delito en escalas mayúsculas.

Así, muchos de nuestros políticos, amparados por sus fueros y “contactos”, decidieron incursionar en el negocio de las drogas. Del narcotráfico. No solo enriqueciéndose ellos, envenenando a la juventud, propiciando la aparición de cárteles locales y desatando sanguinarias guerras urbanas por la distribución de drogas y el control de territorios, sino además financiando campañas electorales con las que accederán a cargos que les renovarán la inmunidad ante la justicia, y además ayudando a otros a llegar al poder para luego gozar de su protección, que se traduce en controles fronterizos laxos, cero investigación, pistas clandestinas de aterrizaje regadas por todo el país, y denuncias ante la justicia que jamás prosperan porque un llamado desde arriba frena todo.

Ya he perdido la cuenta de la cantidad de casos en que políticos argentinos se vieron salpicados, están involucrados, denunciados, sospechados y hasta procesados por estar vinculados al tráfico o venta de drogas.

Pero tengo presentes algunos bastante recientes. Los del presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Salvador Mazza, Alejandro Maurín, hoy detenido, y el caso del concejal por esa misma ciudad Mauricio Gerónimo, prófugo, por estar involucrados en el tráfico de más de 267 kilos de cocaína que fuera descubierta en un camión en la localidad de Monte Quemado, Santiago del Estero.

Para muestra basta un botón” reza el dicho, y aquí tenemos un “botón” de más de 267 kilos, lo que nos da una idea de que este “viaje de negocios” no era el primero, que ya estaban experimentados en el tema. Y el volumen de la carga nos habla de las inmensas cantidades de dinero que estos “servidores del pueblo” manejan.

Muchos interrogantes nos abren estos casos. Por ejemplo: ¿para qué controlar los pasos fronterizos, si el poder mismo les abre las puertas para que ingresen?; ¿para qué denunciar y arriesgar la vida, si después los perseguidos seremos nosotros?; ¿para qué concientizar a nuestros jóvenes y niños acerca de lo destructivo de las drogas, si el mismo gobierno la trae y se la pone al alcance de las manos?; ¿para qué exigir la creación de centros de tratamiento de adicciones, si los que deberían proveer soluciones son, muchas veces, los mismos que crearon y acentúan el problema?; ¿ para qué exigir penas más duras, si muchos de los legisladores que deberían aprobar esas leyes llegaron a sus bancas financiados por el narcotráfico?. En fin. Tengo tantas preguntas que se contestan solas que ni vale la pena formularlas.

El Norte argentino se ha convertido en la vía de ingreso de drogas predilecta al país, y esto no se debe solo a una cuestión geográfica, sino a una serie de factores que facilitan y favorecen ese ingreso. Y muchos políticos con poder son el factor esencial para la permeabilidad de nuestras fronteras, ya que los dividendos de esta actividad suelen ser su soporte financiero para las campañas, y sus “ingresos” de vida cuando están en el llano.

Por eso, escucharlos hablar del combate a las drogas suena entre irrisorio e indignante. Y más aun cuando lo hacen en campaña, en actos donde son vivados por miles de jóvenes que fueron incentivados con drogas y alcohol por los punteros políticos, como una forma de recompensarlos por asistir.