Al cabo de 28 años de gobiernos peronistas, la provincia de Jujuy cambió de signo político para su gobierno al elegir como primer mandatario al radical Gerardo Morales, quien llegó al poder fuertemente apoyado por el espacio Cambiemos, del actual presidente Mauricio Macri.
Efectivamente. El Justicialismo gobernó Jujuy desde el año 1987, siendo el titular del ejecutivo en cuatro de los últimos cinco períodos el peronista Eduardo Fellner, hombre de fuerte llegada y sintonía con los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Justamente, a finales del año 1999, durante la primera gobernación de Fellner, surge, comandada por la dirigente indigenista Milagro Sala, la agrupación barrial Tupac Amaru, que en un modesto principio solo exigía bolsones de comida y planes sociales para desocupados.
En los años subsiguientes, Sala reúne a miles de desempleados, principalmente provenientes de las etnias regionales, y comienza a ser considerada a nivel nacional como una dirigente a quien era imprescindible captar por el volumen humano de su organización, su convocatoria, su poder de movilización y , sobre todo, para ganar las calles y afianzar poder en el norte argentino.
En el gobierno de Néstor Kirchner, la Tupac, como se la conoce comúnmente, comienza a recibir cantidades importantes de dinero, lo que contribuye a consolidar su poder y dominio con la ejecución de obras, construcción de viviendas, creación de empleo, capacitación en oficios y reparto de planes sociales. Este éxito en la administración y en los resultados, le vale el reconocimiento del gobierno nacional, que incrementa paulatina y rápidamente los fondos hacia Sala y su organización.
A la par del crecimiento de los fondos que directamente recibe desde el gobierno nacional, crece también el poder de la Tupac y de Sala en particular, llegando a constituirse en una especie de paraestado dentro del estado provincial jujeño, y una fuerza de choque todo terreno que incluso llega a actuar a nivel nacional.
Ni bien toma las riendas de la provincia de Jujuy, el gobernador Gerardo Morales chequea el estado financiero de la misma y sus manejos, encontrando que la Organización de Sala recibía de parte del gobierno nacional anterior una suma mensual aproximada de 70 millones de pesos, para uso discrecional y arbitrario, y sin obligación de rendir cuentas de ningún tipo.
Si bien la obra de la Tupac es intachable en su función social, educativa, médica, habitacional y laboral, el manejo de la misma dista muchísimo de ser justo y transparente, ya que a cambio ser incluidos plenamente en el sistema de beneficios se exige afiliación, militancia irrestricta, disposición total y subordinación ciega, lo que incluye intimidantes acampes, agresivas movilizaciones, escraches a críticos y detractores y otros tipos de métodos de “persuasión” en los que hasta la policía provincial misma evita tomar intervención debido a la extrema virulencia con que se manifiestan y actúan los seguidores de Sala.
No fueron pocas las veces en que Sala y sus militantes se vieron involucrados en violentos hechos callejeros con elementos contundentes y armas de fuego presentes.
El gran desafío de Gerardo Morales es lograr la normalización de la provincia, lo que implica quitar a La Tupac el control de los fondos y de las obras dependientes creadas en estos años, para lograr una administración apartidaría y abierta a quien lo necesite y no a quien simpatice. Una tarea que no será fácil, ya que la anunciada resistencia de Sala a ser desplazada de la administración de estos millonarios fondos amenaza ser feroz.
