Imputaron al intendente de Santa Victoria Este por incumplimiento de los deberes de funcionario

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Un fiscal imputó al intendente Aldo Rogelio Nerón, de la localidad de Santa Victoria Este, del norte salteño, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no brindar respuestas a distintos pedidos de informes del Concejo Deliberante local, sobre ingresos y egresos de fondos al municipio, patrimonio y convenios, entre otros.

Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron hoy que el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, imputó a Nerón por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autor.

La acusación se basa en la falta de respuestas al Concejo Deliberante sobre patrimonio, convenios, ingresos y egresos de fondos al municipio y otras cuestiones vinculadas con el erario público, además de un supuesto abandono a las comunidades, denunciado por caciques de la zona.

Según consta en las actuaciones, Nerón, que es dirigente wichí, no respondió pedidos de informes solicitados por el Concejo Deliberante desde diciembre del año pasado, referidos a recursos disponibles, ingresos por recaudación, coparticipación provincial y otros.

A las denuncias las radicaron el vicepresidente del Concejo Deliberante de la localidad de Santa Victoria Este -situada a 521 kilómetros al norte de Salta Capital-, Samuel Gilobero; y Abel Mendoza, quien lo hizo en representación del Movimiento Indígena.

Este movimiento está integrado por los caciques Mateo Torres, de la comunidad de Santa María; Leopoldo Gaby, de Alto la Sierra; Gabriel Lozano, de Pozo el Tigre; Marcos Lucas, de Misión la Puntana; Laurencia Peres, que es viuda de Pedro Lozano, exintegrante del gabinete municipal; el cacique Ignacio Pérez y el secretario Juan Frías.

En su denuncia, los caciques afirmaron que el 29 de julio pasado, Nerón no respondió a los caciques sobre las consultas referidas a módulos alimentarios, pozos de agua, tickets del plan de Abordaje Integral de las Políticas Alimentarias Salta (Aipas), copa de leche y coordinación de Anses respecto de la atención al público de la ayuda social.

A estas demandas sumaron el posible abandono de la viuda del exsecretario de Obras Públicas de Santa Victoria, Pedro Lozano, quien tiene 6 hijos y no cuenta con ayuda alimentaria.

El jefe comunal concurrió a la audiencia de imputación con su abogado personal, y decidió declarar.

En tanto, sobre la convocatoria del Concejo Deliberante al intendente y el responsable de la Secretaría de Hacienda, la documentación indica que no fue respondida la citación a informar, con carácter de urgente, sobre la situación del establecimiento municipal, la disposición y distribución de módulos alimentarios y un pozo de agua en la zona.

Además, el funcionario debía informar sobre el funcionamiento del Comité Operativo de Emergencia (COE) por el coronavirus, y el control municipal de los camiones entrantes y salientes, atento a la situación pandémica.

Por su parte, Cazón consideró que, en base a los elementos reunidos, correspondió la imputación informada al jefe comunal, que llegó a la Intendencia tras los comicios provinciales de noviembre pasado, por un partido del Frente de Todos, sobre el entonces intendente Moisés Balderrama, del Partido Justicialista.

Fuente: Telám