El kirchnerismo y, más puntualmente, su punta de lanza, La Cámpora, no se anotician aún de que el poder que supieron ostentar y ejercer coercitivamente durante años se diluye y esfuma a grandes pasos.

En el reciente congreso nacional del partido Justicialista celebrado en el estadio de Obras Sanitarias, donde se acordaron trascendentales decisiones en vistas al futuro inmediato del peronismo, como por ejemplo el llamado a elecciones el 8 de mayo, entre otras.

Sin dar visos de querer hacerse cargo de que fueron los principales responsables y conductores de las últimas derrotas electorales, tanto el camporismo, en la voz del intendente de Berazategui, Juan Patricio Mussi, y el cristinismo residual, en la voz de Agustín Rossi, pretendieron imponer a los diputados nacionales y senadores peronistas agenda y posición a asumir en ambos recintos legislativos.

En ese sentido, Mussi planteó exigir al congreso partidario que baje línea a los diputados nacionales para que estos no voten la derogación de la ley cerrojo, para así no facilitar al macrismo las negociaciones con los holdouts y poder tomar deuda.

Esta moción, que sonó a “ordénenles lo que deben hacer”, fue aniquilada por el senador Miguel Ángel Pichetto quien, visiblemente ofuscado por esta “juvenil impertinencia” contraatacó: “Convoco a la responsabilidad política institucional de los que representamos en el ámbito del Senado y que vamos a actuar con la máxima responsabilidad pensando en el país, y que jamás vamos a dejar de lado tener una visión ligada a los intereses de nuestras provincias y municipios, por lo tanto vamos a trabajar con total libertad”. Para luego agregar: Vamos a actuar en el marco de un acuerdo político de gobernabilidad para sacar al país del default, lo que tiene que ser una tarea de todos los argentinos, no de un sector político y por lo tanto no voy a votar esa propuesta”.

Ante la amplia resistencia interna que desató la única moción que había presentado, el camporismo finalmente optó por “tragarse” las otras dos propuestas que había llevado al congreso por orden de la ex presidenta Cristina Fernández, que eran impugnar el nombre del bloque recientemente creado a instancias de Juan Manuel Urtubey y Diego Bossio, argumentando que la denominación “Justicialista” la ostenta actualmente el FpV-PJ, además de no avalar a los candidatos Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz propuestos por el macrismo para completar la Corte.

Lo acontecido en el congreso partidario da la pauta de que el peronismo comienza a retransitar el camino de la coherencia, pensando en el país y en la responsabilidad de los compañeros gobernadores e intendentes para con los ciudadanos que los eligieron para administrar sus distritos. Dejando en el pasado la obediencia a los dictámenes caprichosos y arbitrarios de algún/a líder iluminado/a.