por Ernesto Losada
El candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, confirmó que no participará del debate entre postulantes a la presidencia de la nación que se llevará a cabo el domingo 4 de octubre en la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Tras conocerse la decisión de Scioli, varios allegados al gobernador y candidato salieron a respaldarlo en su negativa, coincidiendo, sospechosamente, en los motivos que lo habrían llevado a desistir de participar de la misma, y en cuáles serían los requisitos indispensables para un debate justo.
El jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, señaló, se debe tener “una ley de debate para establecer bien las pautas”.Además aclaró: “Nosotros vamos a mandar una ley al Congreso Nacional en estos días. Creemos que tiene que haber una ley que regule claramente y no se hagan operaciones en relación a los debates”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, consideró que “debe haber debate presidencial, pero en las condiciones que establezca una ley del Congreso”,
A su turno, el diputado provincial del Frente para la Victoria Guido Lorenzino expuso: “Nos parece que un debate para elegir presidente requiere un marco normativo que saque de cualquier especulación política y periodística lo que digan los candidatos”, y agregó “lo que va a hacer y cómo piensa” el gobernador bonaerense si es elegido Presidente “los argentinos ya lo saben, porque lo conocen y porque él lo plantea en cada lugar al que va”.
Escuchando este argumento, uniforme y oportuno como ninguno, resulta irrisorio que integrantes del gobierno nacional que más incumplió las leyes, que más violentó derechos, que desintegró organismos de control eficientes y creó otros absolutamente parciales y manejados por funcionarios militantes, exija una LEY que regule los debates.
Es decir: la exposición de propuestas de gobierno, el responder las preguntas de los otros participantes y, a su vez, preguntar a los otros candidatos ¡debe estar regulado por ley!.
No suena, ni siquiera medianamente creíble, que Daniel Scioli no concurra al debate por esta razón. Más bien deja en el aire la certeza de que el candidato oficialista ocuparía más su tiempo de debate en intentar explicar cómo pasó de ser un ferviente menemista neoliberal a un furioso kirchenrista progresista y nacional y popular. O cómo fue que, mientras tenía a Florencio Randazzo como rival para las PASO, era para sus mismos compañeros de espacio el candidato de los buitres, un tibio complaciente con los poderes mediáticos y económicos, un dictador (Hebe de Bonafini) un timorato indefinido que no calzaba ni con vaselina en las decididas y combativas huestes kichneristas, a ser lo que es hoy en día: la encarnación del modelo; el hijo dilecto de Néstor; el elegido de Cristina; el continuador del proyecto; el hombre que se le plantará a los fondos buitres; el tercer pilar, después de Néstor y Cristina, de la Argentina gloriosa que se comenzó a levantar allá por el 2003.
No se entiende para nada esto de sancionar una ley regulatoria de los debates presidenciales. ¿Qué prohibiría una ley de esta naturaleza?: ¿recordarles a ciertos participantes sus fracasos en la gestión?; ¿mostrarles los números negativos?; ¿recordarles sus pasados?; ¿preguntarles por qué no hicieron durante sus gestiones lo que ahora nos prometen harán en el país?; ¿pedirles que nos aclaren por qué corregirían, en caso de ser electos, ciertas cosas que podrían corregir ahora mismo que están en la función, o por qué no las corrigieron en todos estos años que llevan en la gestión?.
Los debates no son ya espacios para la enunciación de proyectos, la propuesta de ideas y la presentación de planes de gobierno, sino una repulsiva metralla cruzada de revelaciones oscuras, de acusaciones de ilícitos, fraudes, robos, mentiras y engaños, ante las cuales los candidatos no se enfocan en desmentir o refutar los cargos, sino en devolver una acusación más grave a su acusador. Esto me pinta la teoría de que si un candidato se niega al debate es porque sus roñas son inmensas y, aun cuando pusiera sobre el atril todas las mugres ajenas, jamás logaría contrarrestar exitosamente las propias.
Que Daniel Scioli y su círculo cercano exijan una ley que regule los debates desde ningún punto de vista demuestra su deseo de hacer las cosas dentro de un marco legal. Más bien revela la necesidad que tiene el gobernador bonaerense de estar escudado de previsibles tropiezos y contradicciones; de estar parapetado firmemente en su relato perfecto, resguardado de observaciones y preguntas que pudieran provocar fisuras o grietas por donde pudieran colarse indeseablemente la verdad y la realidad.
Si un factible presidente de la nación no tiene el coraje para sentarse a debatir con sus contrincantes, es que todo lo que ha declamado, proclamado y afirmado son solo palabras bonitas escritas por algún profesional de la seducción; es que vino repitiendo una magnífica narración creada para la ocasión (las elecciones), la cual se desmoronaría estrepitosamente al menor coteje con lo real.
En fin. Daniel Scioli confirma cada vez más que lo suyo no es una carrera política, sino una afortunada (para él) sucesión de hechos fortuitos positivos que le permitieron surgir, crecer y mantenerse arriba.
Ahora entendemos por qué la señora presidente de la nación monologa y no acepta preguntas que la pudieran incomodar: es porque aun no existe la ley de conferencias de prensa.
