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Polémico decreto del gobierno de facto de Bolivia: avala la represión sin consecuencias penales

La disposición emitida por la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez autoriza a las Fuerzas Armadas a “hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos”.

“El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”, estableció el decreto conocido hoy pero que cuenta con fecha del viernes 15 de noviembre.

Asimismo, añadió que “Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos”, lo que habilita a las fuerzas del orden a contrarrestar las manifestaciones con armas de fuego.

En oro tramo, el decreto exige a “todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado, de acuerdo a las necesidades, deben prestar el apoyo requerido a las Fuerzas Militares y Policiales”.

El decreto llega un día después de la feroz represión en la ciudad de Cochabamba contra los ciudadanos que respaldan al renunciado expresidente Evo Morales, que dejó hasta el momento ocho muertos.

Anoche, miles de productores cocaleros que apoyan a Morales, primer presidente indígena de Bolivia, intentaron ingresar a la ciudad central de Cochabamba desde el vecino municipio de Sacaba, pero soldados y policías se lo impidieron a los tiros, dijeron autoridades y manifestantes.

El decreto presidencial contrasta con las declaraciones de este mediodía a medios locales del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien aseguró que “he ordenado la mayor de las transparencias en esto: no quiero que se tape nada”.