Las postergadas obras del Plan Belgrano irritan a los gobernadores del norte

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La tardanza en la ejecución de las obras del Plan Belgrano podría ser un foco de conflicto para el gobierno de Cambiemos. El retraso de los fondos para el inicio del programa sumado a la retacción que está sufriendo la obra pública está complicando la relación de los gobernadores del norte con Mauricio Macri. Los anuncios que realizó el actual presidente antes de asumir sobre lo grandioso que iba a ser el Plan Belgrano ilusionaron a los gobernadores del NOA y el NEA. En los papeles, se iban a destinar 16 mil millones de dólares en un lapso de 10 años para llevar desarrollo y progreso a la zona más postergada del país.

En líneas generales, prevé obras para 10 provincias por US$ 10.500 millones para rutas; US$ 5.500 millones para infraestructura ferroviaria y US$ 300 millones para aeropuertos. Además de 50 mil millones de pesos para la construcción de viviendas sociales

Pero a nueve meses de la asunción del nuevo gobierno los compromisos que prometía el Plan Belgrano se quedaron solo promesas. El enojo de los gobernadores es cada vez más evidente sobre todo porque persisten las indefiniciones sobre el listado de las obras y las partidas presupuestarias que se afectarán. El plan que venía a saldar una deuda histórica en materia de infraestructura de las regiones del NOA y NEA, por ahora no se puso en marcha.

Pero la irritación de los que detentan el Poder Ejecutivo llegó a su punto más alto cuando se hizo pública la denuncia que realizó un diputado nacional. El legislador jujeño, Alejandro Snopeck acusó al presidente Mauricio Macri de modificar partidas del Presupuesto 2016 para financiar megaobras de transporte por más de $ 60 mil millones en territorio de Horacio Rodríguez Larreta. El monto que pretende redirigir el primer mandatario equivale al 25% del presupuesto del Plan Belgrano.

Los funcionarios de Cambiemos salieron a desmentir inmediatamente estas acusaciones. Es más, José Cano, titular del Plan Belgrano, acusó a Snopek de hacer una lectura “muy poco objetiva” al suponer que esos fondos estaban destinados a obras en el NOA y el NEA.

La semilla de la sospecha fue plantada y pese al esfuerzo de Cambiemos de calmar los ánimos, los gobernadores decidieron mandar a sus diputados nacionales para que realicen un pedido de informe en el Congreso nacional. El documento, realizado por el diputado nacional, Pablo Kosiner, y firmada por seis legisladores más, señala que después de nueve meses de la asunción de Mauricio Macri, la obra pública sufrió un fuerte retroceso en comparación con el 2015. La ejecución presupuestaria de los primeros seis meses cayó un 28,5%, y la inversión un 19,8%, aclara el documento. El legislador pone en duda la viabilidad del Plan Belgrano.

El proyecto también critica el polémico DNU que destina una partida presupuestaria millonaria solo para favorecer el transporte de pasajeros de CABA. Expresa que por esta financiación van a ser dejadas de lado “obras trascendentales” que servirán para desarrollar la productividad del interior y se deja de lado la puesta en marcha del Belgrano Cargas.

La pobreza, por lo menos en Argentina, no distingue razas, color, religión, sexo, pero parece que sí discrimina por distribución geográfica. El norte argentino encabeza el ranking de pobreza que en algunos lugares llega hasta al 40%. Por esta zona, cuatro de cada diez norteños son pobres. Personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas ni acceder a todos los derechos que tiene que garantizar el Estado.

Pero esta desafortunada situación no es casual. Históricamente el norte del país fue el gran olvidado e ignorado por todos los gobiernos nacionales, que sin dudas fueron centralistas. Durante largas décadas, pusieron las preferencias, recursos y obras en las grandes provincias, potenciándolas aún más. Pero este olvido tiene un motivo. Las provincias del centro poseen la mayor cantidad de electores, mientras que las provincias del norte son las que más pobres acumulan. La relación de pobreza con elector es directamente proporcional. Mientras más votos tenga una jurisdicción, más dinero habrá para sus gobernantes.

Este privilegio injusto del que gozaron algunas regiones del país lógicamente fue en detrimento del resto, creando desigualdades sociales y económicas, cuyos coletazos todavía se advierten en las provincias no favorecidas. Ese favoritismo selectivo literalmente dividió al país indignamente en dos inmensos polos. Un norte pobre y un sur rico.

La lenta distribución de los fondos nacionales hacia las provincias dio inicio a un reciente, aunque tibio período de recuperación. Durante ese período se crearon fuentes de trabajo, llegaron las oportunidades de emprendimientos privados. Se pudo contener esos masivos exilios laborales que permitieron a los habitantes del norte encontrar en sus respectivas provincias el modo de ganarse la vida. Ahí surgió otro problema, la informalidad. El norte tiene el porcentaje más alto de trabajo en negro y en algunas provincias supera el 40%.

Este crecimiento en la población urbana, aumentó la demanda de bienes y servicios, principalmente vivienda, salud y trabajo, por parte de los ciudadanos. Demanda que en muchos casos los gobiernos provinciales no supieron o no pudieron satisfacer.

La unilateralidad autoritaria de los gobiernos nacionales, pero sobre todo del kirchnerismo, a la hora de disponer qué obras se realizarían, sin siquiera consultar a las autoridades locales acerca de las urgencias y demandas de la población fue moneda corriente. En la mayoría de los casos se realizaron obras de gran porte y un costo millonario pero de escaso valor funcional o de mejoramiento de la calidad de vida para los destinatarios.

Con ese criterio K de “es esto o nada”, muchos gobiernos provinciales se vieron en la obligación de aceptar, sin derecho a condiciones ni sugerencias, lo que desde nación ya se había predeterminado. Y de ese modo, seguimos con déficit de viviendas, poblaciones con escasez de agua, servicios de salud y educación deficientes, pero con aeropuertos innecesarios, edificios majestuosos, redes ferroviarias jamás terminadas, autopistas a la nada, estadios sin actividad, y todo lo insólito que el lector quiera imaginar.

Contando el kirchnerismo, desde el año 2003 en que llegó al poder, con una selecta y hermética junta de funcionarios nacionales, socios y amigos, casi todos “importados” desde Santa Cruz, con funciones específicas pero coordinadas para la corrupción en gran escala (como lo indican los varios casos de corrupción que en la actualidad ocupan a la Justicia).

Realmente, muchas de las declaraciones de los detenidos, procesados, denunciados e inculpados en los multimillonarios fraudes al Estado que hoy se investigan suenan a “desparramemos culpas para aliviar la condena”.

Esperemos que en esta Argentina que propone un cambio se acaben esas malas prácticas que imponen obras innecesarias a provincias pobres. Que la obra pública deje de ser un mecanismo aceitado para que los gobiernos puedan vaciar al Estado y cometer los peores hechos de corrupción.

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