Era la continuidad o el fin

0
53

La derrota del oficialismo nacional en las elecciones para presidente llevadas a cabo a finales de 2015 no solo produjo la salida del kirchnerismo del poder, sino que como hecho más significativo y potente aun que el primero, liberó a una justicia oprimida, amenazada, apretada y coaccionada por el gobierno de Cristina Fernández. La expresidente, a través de “comisarios” e “inquisidores” como Diana Conti, Alejandra Gils Carbó y Hebe de Bonafini, entre muchísimos otros, se encargaron de maniatar y amordazar (por las buenas y por las malas) a cuanto juez o fiscal osara siquiera prestar oídos a alguna denuncia que vinculara a ex funcionarios del anterior gobierno, amigos o socios de éstos.

El sojuzgamiento de la justicia argentina (mediante desplazamientos, amenazas de juicio político, destituciones arbitrarias, nombramiento de jueces y fiscales militantes, denuncias y presiones de todo tipo, etc) funcionó “maravillosamente” durante 12 años, y así el kirchnerismo se mantuvo inmaculado durante su tiempo de gloria y dominio.

Pero claro, para que las gestiones K se mantuvieran inmaculadas (aunque más no fuera artificial y forzadamente) debía imprescindiblemente darse un proceso de continuidad en el método de “blanqueo” de mandatos, y esa continuidad solo la aseguraba un triunfo de la fórmula Scioli-Zaninni. Lo cual no ocurrió.

Con la discontinuidad, o interrupción del sistema de aprietes y coerción, la justicia argentina se vio de repente liberada y con abundante trabajo atrasado por razones de “fuerza mayor”, por lo que, con un entusiasmo y diligencia inéditas en la historia judicial argentina, comenzó a ponerse al día.

Ningún argentino fue capaz, salvo aquellos que perpetraron la ignominia, de imaginar la magnitud de lo que afloraría tras cada investigación, cada rendición de cuentas, cada balance y cada seguimiento de dinero otorgado por el estado en variedad de subsidios, ayudas, préstamos, adelantos, pagos de servicios y obra pública. Una gangrena de corrupción total que transformó cada ministerio, cada secretaría, cada organismo estatal en guaridas de negocios sucios y delictivos, en lo que lo lucrado ilícitamente indefectiblemente pasaba a ser la carencia, el hambre, la falta de salud, la desprotección y hasta la muerte de muchos.

Se robaron las viviendas sociales, el dinero de los jubilados, los medicamentos de los enfermos, los sueldos de los docentes, los aportes de los trabajadores, las armas del ejército, las rutas, las cunas de los recién nacidos y hasta los fondos del Fútbol Para Todos que fue concebido como el gran distractivo de masas junto a las cadenas “revolucionarias”, los discursos patrioteros y los actos políticos populares.

Cada vez que alguno es detenido y se le comprueban los ilícitos, el resto lo desconoce y dice que ignoraba lo que éste hacía. Como si cada ministerio, cada secretaría, cada organismo fuera un reino independiente, donde una vez nombrado el titular, adquiría autonomía absoluta para hacer y deshacer sin control de nadie y a sola firma, y sin responder más que a sí mismo. Como si cada área fuese un estado soberano, libre, emancipado y exento de observaciones y controles por parte de jerarquías superiores u órganos de contralor.

Se cierran iracundos alrededor del que ha sido descubierto y atrapado, revelando que lo hacen por un corporativismo delictivo alentado por el temor de ser ellos mismos los próximos, y no por la indignación ante una supuesta afrenta a la decencia y honestidad del caído.

Ante la cantidad de detenidos, acusados, procesados y citados por la justicia con apabullantes pruebas, y dada la imposibilidad de ejercitar defensas individuales de cada uno de ellos, los factibles próximos han lanzado lo que sería una defensa general y amplia: Nos están persiguiendo.

Como si la justicia, el gobierno, los servicios de inteligencia o vaya a saber quiénes les hubieran “plantado” departamentos en Puerto Madero, estancias en todo el país, hoteles lujosos, viáticos inflados, mansiones en countrys, automóviles importados, parvas de dinero y viajes por el mundo pagados por el estado.

Ya no se trata de probar si robaron, sino de establecer cuánto robaron. Ya la cuestión no es política, es judicial. No se trata de perseguidos, sino de investigados.

En la semana que pasó se aprobó un dictamen que permite allanar las propiedades del ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido. ¿Para qué?, ni siquiera hace falta entrar a esas propiedades. Con solo examinarlas por fuera, tasarlas y sumar los valores cualquiera concluye en que alguien que vivió toda su vida de la política, jamás pudo haber adquirido lícitamente esos bienes.

Así estamos. Ya casi hasta la capacidad de embroncarnos vamos perdiendo.

Compartir
Escribo para @elotropais_ y otros medios. Me preocupa el país por eso aporto ideas con mis notas. Soy un ciudadano del mundo que decidió vivir en Argentina

Comments

Dejar respuesta